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SINALOA  

Rebelión de síndicos procuradores

Alberto Morones / Guillermo Contreras
Acotados en sus funciones, instalados en el traspatio de ayuntamientos y calificados como “presidentitos” en municipios, como Navolato y Guasave, los 18 síndicos procuradores de Sinaloa han iniciado lo que en el Congreso del estado se interpreta como una “rebelión contra los alcaldes”.

 

 

 


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Se rebelan los 18 síndicos procuradores. La inconformidad que se empezó a gestar desde el inicio de las administraciones municipales, cuando se les privó del derecho a votar, fue expuesta en una reunión nacional realizada en Tijuana, Baja California, y como resultado de ello los síndicos de Sinaloa acordaron presentar ante el Congreso estatal una iniciativa de reformas a la Ley de Gobierno Municipal, para precisar sus funciones.

Se pretende, dice el síndico procurador de Navolato, Armando Bueno Blanco, que las cosas que quedaron sueltas sean esclarecidas.

La polémica, recuerda, se dio desde el inicio de las administraciones municipales, cuando a estos servidores públicos electos popularmente se les impidió formar parte de comisiones y se les privó su derecho a votar.

Bueno Blanco, quien recientemente ordenó la destitución del director y el comandante de la Policía Municipal por la intervención que ambos tuvieron en la liberación de un detenido, quien tenía droga entre sus pertenencias. Asegura que, en su caso, él ha recibido todo el apoyo de la Presidencia y del Cabildo para desarrollar sus funciones.

El síndico procurador, quien también preside la Comisión de Hacienda e integra, como vocal, la Comisión de Educación, advierte que en Navolato, a diferencia de algunos municipios, las funciones del síndico procurador sí están establecidas en el Reglamento de Administración Pública.

“Se especifica que el área de Contraloría Interna depende del síndico procurador y nosotros la acogimos de la misma forma como se hizo con la defensa jurídica del ayuntamiento que viene en la Ley”.

A diferencia de los síndicos procuradores de otros municipios, Bueno Blanco tiene atribuciones para intervenir en defectos de obras públicas y verificar la cuenta pública y los gastos del municipio. Sus atribuciones llegan a tal grado que ningún cheque superior a 45 mil pesos puede salir del ayuntamiento de Navolato sin su aprobación.

En opinión de este síndico procurador con plenas facultades, la elección de los servidores públicos en el futuro debe darse por separado de los alcaldes y regidores, para garantizar la confianza en las funciones de representante de los ciudadanos que tiene establecidas.

Reformar la ley

En contraste con lo que dice Armando Bueno, la síndico procuradora de Culiacán, Josefina García, advierte que desgraciadamente en este municipio se tiene una ley que no le permite formar parte de las comisiones en el Cabildo.

La postura que ella ha hecho llegar, para que sea considerada en la iniciativa que se presentará ante el Congreso, consiste en que se precise el derecho de los síndicos procuradores a formar parte de las comisiones y presidir la Comisión de Hacienda.

García Ruiz, quien es calificada como “grilla” por los regidores de su propio partido (el Revolucionario Institucional), niega que exista un pacto con el presidente municipal, Aarón Irizar, para mantener en silencio su presencia y actividad en el ayuntamiento de Culiacán.

“Los 18 síndicos procuradores estamos trabajando en esta iniciativa porque queremos cumplir con la idea inicial con la que fue creada la figura”, asegura García Ruiz, quien siempre se ha caracterizado por ser un personaje activo y protagónico en su quehacer como servidora pública.

En opinión del regidor de extracción panista, Adolfo Beltrán Corrales, la del síndico procurador es una figura acotada, desaprovechada y motivo de duplicidad de funciones.

“No podemos ver al síndico procurador como una parte más de la burocracia municipal: hay una duplicidad de funciones, por eso consideramos que la Dirección de Asuntos Jurídicos debe desaparecer, ya que la representación legal del municipio recae en el síndico procurador.”

Beltrán Corrales reconoce que en algunos municipios el síndico procurador preside la Comisión de Hacienda, pero recuerda que en Culiacán no sucede lo mismo porque, al parecer, los regidores del PRI tuvieron temor de reconocerle sus funciones a Josefina García Ruiz.

Sergio Torres, regidor priísta considera que ha faltado decirle a la gente que la síndico procuradora está para respaldarla cuando viene a quejarse del mismo ayuntamiento, de alguna multa, infracción o abuso de poder. 

Para Ismael Montoya Ojeda, regidor perredista, en la iniciativa que se envíe al Congreso se debe proponer la eliminación de las dependencias que invadan las funciones del síndico procurador, ya que existe confusión al respecto y ello trae como consecuencia que Josefina García Ruiz esté acotada en sus atribuciones.

“Debemos entrar a una discusión profunda sobre cual es la función real del síndico procurador para evitar las invasiones que se dan por parte de otras dependencias”.

 

Negligencia gubernamental

 

Los ciudadanos dejan de ejercer su derecho a demandar, por negligencia de autoridades. Cada temporada de lluvias cientos de automovilistas sufren las consecuencias del mal estado de las calles; sin embargo, muy poco demandan al gobierno estatal o municipal por las afectaciones a su patrimonio, producto de la negligencia de las propias autoridades.

A diferencia de Hermosillo, Sonora, donde 62 particulares ya han ganado demandas al municipio por desperfectos que han sufrido en sus vehículos -como consecuencia de los baches que aparecen en las calles-, los automovilistas de Culiacán no acuden a la instancia legal para manifestar su inconformidad por la falta de planeación al momento de construir las calles, según consideran especialistas.

Para Olimpia Alvarado Fierro, maestra en Ingeniería y Vías Terrestres por la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán es más que evidente la necesidad de analizar el material que se está utilizando, y el que se va a utilizar en el futuro, para evitar el problema recurrente de baches que se tiene en la ciudad.

La también catedrática universitaria considera necesario revisar la situación del drenaje pluvial en la ciudad y asegura que la Facultad de Ingeniería está dispuesta a colaborar en ello.

Varios automovilistas consultados por Contralínea Sinaloa aseguran que no demandan cuando sufren desperfectos en sus automóviles porque ven poco probable ganar, no saben a qué instancia acudir o simple y sencillamente no saben cómo demostrar que el percance se derivó de una negligencia de la autoridad.

Gabriela Chaín Castro, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Sinaloa estableció que los ciudadanos que sufren daños y perjuicios derivados de los llamados baches, pueden acudir ante dicha instancia a reclamar el pago de daños y perjuicios al ayuntamiento de Culiacán.

Consultada sobre las formas mediante las cuales el ciudadano puede demostrar que el daño sufrido fue por negligencia del ayuntamiento, Chaín Castro puntualiza que basta con una testimonial o una fe notarial. (Alberto Morones Rivas)

 

Publicado: Octubre de 2006 Año 2 / No. 16



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