Sergio Octavio López Gómez
Sinaloa es el principal receptor de jonaleros que laboran en condiciones miserables en los campos de pizca de pepino y jitomate. Este año se espera la llegada de más de 40 mil indigenas.
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Desde hace más de 20 años miles de jornaleros llegan a laborar en los campos de Sinalos, donde este año se esperan la llegada de mas de 40 mil trabajadores que sufren violaciones a sus garantías individuales, por las condiciones en que viajan y viven durante su estancia en los campos de labor, sin embargo, las cifras anuales de jornaleros no han bajado, debido a la falta de oportunidades en sus municipios.
Unos 500 indígenas nahuas de varios municipios de la región de los Altos de Morelos emigraron a los campos de Sinaloa donde trabajan ahora como jornaleros agrícolas, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la entidad.
"Si no vamos a trabajar, aquí nos morimos de hambre porque no hay empleo, allá nos van a pagar 95 pesos el día. Sólo nos alcanza para comer, cuando regresemos vamos a levantar nuestra cosecha de maíz y frijol para pasar otros días y esperar la salida", comenta Margarita Salazar, originaria de Villa Nicolás Zapata, un pueblito de las partes más altas de Morelos.
Las ayudantías o las afueras de los pueblos son el punto de partida de nueve autobuses en visible mal estado, que trasladarán a unos 500 jornaleros entre mujeres, hombres y niños.
La salida se programa a las ocho de la noche de un miércoles, sin embargo el viaje comienza un día antes ya que muchos viven en comunidades apartadas de municipios como Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Totolapan y Ocuituco, inclusive varios jornaleros del Distrito Federal aprovechan esas "oportunidades" para ir a trabajar a los campos de Sinaloa. A los que les va bien, les tocan 95 pesos por día y a otros les tocan 72 pesos.
Al llegar con el enganchador son registrados para que se les asigne un contrato, que casi siempre no cumple lo que promete. Llevan sus pertenencias en bolsas de plástico, maletas y cartones. Aunque dicen que traen pocas cosas, porque "no hace falta; nos la pasamos trabajando", dijo Carmina Navarro, una joven de 15 años.
Los migrantes que cuentan con documentos reciben del gobierno federal un apoyo de mil 200 pesos; mientras que el gobierno del estado iba a otorgar becas, pero no se sabe nada al respecto.
Los jornaleros agrícolas vienen a Sinaloa a la cosecha de tomate y pepino. A partir de que inicia la temporada y hasta diciembre, diario salen de sus estados los autobuses que trasladan a los trabajadores indígenas.
Según las declaraciones de los jornaleros, a sus hijos menores de edad también los emplean en los campos de Sinaloa, pese a que está prohibido por la Ley Federal del Trabajo.
Mientras esperan la salida a las ocho de la noche, la mañana y tarde les sirve para realizar los trámites y conseguir apoyos económicos con familiares. Otros, los que tienen dinero, ocupan su tiempo para comprar su póliza de seguro de vida, que les cuesta cinco pesos, y los asegura por 10 mil pesos.
Sinaloa, principal receptor de migrantes
Para la profesora e investigadora de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Maria Teresa Guerra Ochoa, en la ruta del Pacífico, la más importante por el volumen de trabajadores que contrata, sobresale Sinaloa como principal receptor de fuerza de trabajo migrante.
“Sinaloa es el estado con mayor extensión de tierras de riego, que se destinan fundamentalmente a la producción de hortalizas y granos, es el principal productor en México, cubriendo hasta el 50 por ciento de la producción nacional y relevante proveedor a los Estados Unidos”.
De septiembre a abril se contratan de 150 a 200 mil jornaleros agrícolas que se ubican en el centro, norte y sur del estado”, explica en su ensayo sobre La pobreza rural y los jornaleros agricolas.
El documento, que cuenta con el aval de la Comision Estatal de Derechos Humanos, indica que en nuestro estado existe una fuerte presencia de jornaleros agrícolas de Guerrero (40.92 por ciento), Oaxaca (20.64 por ciento), Veracruz (11.60 por ciento), principalmente; y de la localidad el 19.16 por ciento.
Según datos del Programa Intersectorial de Atención a Jornaleros Agrícolas señalan que las viviendas de los jornaleros cuentan con 32 habitantes en promedio, con letrina, una regadera por cada 36 habitantes y con un lavadero por cada 31 personas.
Sólo 25 por ciento de los 200 mil jornaleros que levantaron en Sinaloa la última zafra hortícola –la cifra oficial revela que 12 mil de ellos son niños– fueron registrados por sus patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En tanto que el 75 por ciento quedó fuera del beneficio.
Las 17 familias que controlan los 140 campos de la entidad, agrupadas en la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa (Caades), reportaron que sus dividendos por la exportación de tomate, pepino, chile y berenjena, entre otras legumbres, fueron de 250 millones de dólares.
Hilario Gastélum Galván, director del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, afirma que la baja incidencia de seguridad social entre los jornaleros habla de la gravedad del problema, porque no es sólo el tema de la salud, sino del derecho a las incapacidades, riesgos de trabajo, ahorro para el retiro y otras prestaciones que no se tienen.
Gastélum menciona que unos 12 mil menores laboran en las instalaciones de las empresas hortícolas de Sinaloa, conocidas como empaques, concentrados en los municipios de Elota, Culiacán, Navolato y Guasave. Sin embargo, María Teresa Guerra Ochoa, doctora en derecho laboral y especialista en el tema, señaló que la cifra de niños que realizan esas labores asciende a 20 mil.
En Sinaloa se siembran unas 70 mil hectáreas, explotadas por 17 familias, entre ellas las Bátiz, Carrillo, Demerutis, Tarriba, Bon y Andrade, que tienen en su poder 140 campos agrícolas, según ha documentado Guerra Ochoa en su libro Los trabajadores de la horticultura sinaloense, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Por su parte, Gastélum Galván señala que los menores no cuentan con seguro social porque la Constitución prohíbe el trabajo infantil, pero el sólo hecho de que laboren es una aberración.
El programa Jornaleros, de la Secretaría de Desarrollo Social, atiende en la entidad a 115 mil agricultores.
La historia se repite
Celso Baltasar Juárez, de 18 años, tiene seis años de trabajar en la cosecha de tomate y pepino en los campos de Sinaloa. Es originario de Felipe Neri, comunidad carente de apoyos y al igual que Villa Nicolás Zapata, es la frontera del estado de Morelos con el Distrito Federal.
Desde muy pequeño recuerda que sus padres lo traen a trabajar a los campos de Sinaloa. Al igual que su papá, no sabe leer ni escribir, ya que por venirse a trabajar cada año, unos seis u ocho meses como jornalero, no fue a la escuela.
"No sé ni escribir mi nombre, no fui a la escuela porque siempre nos la pasamos aquí en Sinaloa y unos días en nuestra tierra", dice el joven.
Explica que hace un año que se casó y tiene un niño de meses; "Pero él sí va a ir a la escuela para que no sea jornalero y burro, porque sufrimos mucho".
Fidencio Agustín menciona que siempre estuvo listo para venirse a trabajar como jornalero a uno de los campos agrícolas de Sinaloa. Al día ganará 72 pesos por los próximos ocho meses.
Fidencio, de 40 años, casado y con tres hijos menores de 5 años, viaja con un grupo de por lo menos 500 indígenas jornaleros.
"Voy a pizcar pepino y tomate, cada año vamos, nomás que este año mi hijo –el más pequeño– está enfermo y vamos a ver qué pasa", señala con un español cortado, pues su lengua madre es el náhuatl.
Su hijo está grave, Fidencio dice que desde hace ocho días "no come nada" y aunque ya le dieron "remedios, aún así no se recupera".
El niño Inocencio tiene dos años de edad y a simple vista presenta un grado alto de desnutrición. En el punto de salida de los jornaleros, no hay médicos de la Secretaría de Salud que valore el estado físico de los indígenas migrantes.
La familia de Fidencia viaja con otros cientos de jornaleros en camiones rumbo a los campos de tomate, pepino y chile, en Sinaloa. "Vamos a ganárnos un dinerito para regresar a sembrar el próximo año", afirma José Pileño Díaz que viaja con su esposa y su hijo.
Pileño llegó a Culiacancito, ahí duerme en galeras de lámina de cartón, donde comparte el cuarto con otros 500 jornaleros.
"Trabajan ocho horas", dice sin convencer Sixto Bejarano, sinaloense y contratista. Orgullosamente explica que les ofrece de sueldo 72 pesos diarios y que este año sí "les va ir bien, porque los menores de 13 años irán a la escuela; pero los de 14 años, pa'arriba, se van a trabajar", señala.
La llegada
Los migrantes llegan a Sinaloa con maletas, petates y cobijas. Muchas mujeres visten sus tradicionales atuendos. Algunos hombres utilizan camisas vaqueras de imitación de seda, con dibujos que representan una hoja de marihuana o cuernos de chivo; otros portan gorras con letras que dicen Culiacán.
Julio Ramírez, ex jornalero que se encuentra varado en Sinaloa, y a veces se mantiene de la mendicidad, cuando no hay trabajo, observa con tristeza cuando sus amigos y compañeros llegan.
"Hace 10 años nos trataban peor, nos daban agua no potable y tomábamos de los canales –de riego–. Pagaban 35 pesos al día. Ahora no puedo irme porque no tengo dinero, pero en cuanto junte no me regreso por nada del mundo a mi pueblo en Morelos. Mejor me voy pal'otro lado", menciona.
Actualmente los contratistas pagan de 70 a 100 pesos diarios, pero las condiciones son las mismas, según Margarito Baltasar, un jornalero, "hay días que nos mandan las avionetas a fumigar, no nos dicen nada, sólo que nos tapemos y pasa el avión encima de nosotros formando una nube que a veces nos hace daño, pues nos salen granos en la piel".
Atropello a derechos humanos
Para Cándido Cruz González, del Frente Indígena Mixteca Jornalera Sinaloense, ubicado en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato, a lo largo de las últimas tres décadas los jornaleros agrícolas migrantes en su mayoría indígenas de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, entre otros estados del país, han jugado un papel muy importante en el desarrollo de las grandes zonas agrícolas en el noroeste de México, principalmente en Sinaloa, Sonora y Baja California y Baja California Sur.
“Ha sido tanto el crecimiento de la actividad agrícola que se requieren miles de trabajadores para la preparación y levantamiento de la cosecha por lo que se aprovechan de la mano de obra de miles de nuestros hermanos indígenas, que migran de sus comunidades en busca de una mejor forma de vivir”, explica.
“Durante el viaje reciben malos tratos y violaciones a sus derechos laborales por parte de patrones y mayordomos, quienes transforman su forma tradicional de vivir en una pesadilla, pues al estar ya en los campamentos, los asignan en cuartos muy reducidos de lámina de cinco por ocho metros cuadrados, sin las más mínimas medidas de seguridad e higiene en el trabajo”. Comenta el líder.
Refiere que en cuestión de salarios estos no son suficientes para el sostén familiar. Las horas extras no se pagan de acuerdo a la ley, los sindicatos brillan por su ausencia y en muchos campos sólo están para llenar el requisito.
“Es una contradicción tener a estos delegados como elefantes blancos en los campos por lo siguiente: al jornalero le está costando 3 pesos por semana y muchos son afiliados de manera automática, sin su consentimiento”, dice.
Dinero perdido
Los jornaleros han generado millones de pesos en ganancias a los patrones y a cambio han recibido malos tratos, advierte Cruz González .
“Un estudio realizado hace dos años demostró que cada año los jornaleros no reciben 250 pesos por concepto de utilidades cada uno y que multiplicado por 97 mil 500 jornaleros que deberían recibir este dinero, nos da como resultado aproximadamente 24 millones de pesos que los patrones no pagan –por temporada– a los jornaleros agrícolas migrantes en Culiacán.
La leyes letra muerta
Ironiza Cruz González al señalar que en país se tienen leyes preciosas. “Tenemos el artículo 123 constitucional fracción IX: Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas” y viene adornada con todos los procedimientos a seguir.
El artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción VII, dice: Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades (ganancias) de las empresas cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Todo está contemplado, nada se les olvidó. Hay desde procedimientos hasta sanciones a los patrones que incumplan esta disposición, menciona Cruz.
