Tanya Ríos
Para contratar los servicios de protección de la Secretaría de Seguridad Pública, las empresas recurren a pagos indebidos, retrasos y deudas, en tanto la dependencia emite certificados sin validez.
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En el Congreso del Estado, durante una comparecencia con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el diputado panista, Sadol Osorio Porras, mostró los pagos pendientes de liquidar de distintas empresas por protección policíaca: cheques dirigidos al director de Servicios de Protección de la SSP, Javier Villareal López, y no al Gobierno del Estado, como debería ser.
Dichos documentos –explicaron en la bancada panista– fueron obtenidos por Osorio Porras y la diputada Yudit del Rincón Castro. Después de solicitarle la información a la titular de la SSP en el estado, Josefina García Ruiz, ésta les fue negada. Al no recibir respuesta, el legislador decidió ir personalmente a la secretaría, donde extrabajadores le dieron la información que necesitaba. Ahora, asegura, sus informantes están siendo amenazados.
Los documentos dan cuenta de los pagos pendientes por protección a empresas que, meses antes de autorizarles el servicio por el gobierno de estado, ya contaban con este servicio. Los pagos, de 2005 a 2006, ascienden a 11 millones de pesos.
En una tarjeta informativa, enviada el 22 de septiembre de 2006 por el jefe del departamento de contabilidad Víctor Manuel Gallardo Barraza al ingeniero Villareal López, se apunta que dos empresas y un particular no han cubierto el servicio de protección, y sólo esta deuda es por 300 mil pesos.
Por otro lado, Osorio Porras declara que el mismo contralor le dijo que estas irregularidades ya sucedían desde años atrás. El panista niega que su denuncia tenga objetivos políticos y asegura que su propósito es que la gente que daña al gobierno estatal sea destituida: “No es para mi beneficio, es un compromiso como diputado”.
Señala que la protección policíaca es deficiente, como se advirtió en julio de 2005 cuando una persona fue asesinada frente al Ayuntamiento de Culiacán, aun cuando llevaba como escolta a elementos de seguridad.
Además de los despidos injustificados que sufren los policías, comparando lo que cobra el departamento de seguridad por un servicio de protección, es muy poco el pago por honorarios que reciben. Tan sólo por un mes, un servicio se cobra en 10 mil pesos y los elementos que protegen a los contratistas ganan entre 300 y 500 pesos.
Villareal López se niega a dar entrevistas. Sólo leyó un comunicado de prensa donde se declaró inocente de las acusaciones sobre irregularidades, que fueron expuestas por el diputado Sadol Osorio Porras. Aseguró que nunca ha incurrido en actos que pudieran ser clasificados como ilegales.
La prensa buscó la opinión del gobernador, Jesús Aguilar Padilla, quien aplaudió que estas anomalías salieran a la luz, pero declaró que el problema “no es como lo pintan”. Osorio Porras expuso que no cree que Aguilar Padilla meta las manos en el asunto, pues Villareal fue su secretario adjunto y es “de su gente”.
La Secretaría de la Contraloría Estatal y Desarrollo Administrativo inició una investigación para deslindar responsabilidades. El legislador advierte que dependiendo del sentido del dictamen, pretende enterar a la opinión pública sobre más documentos que incriminen en actos de corrupción.
Policía con antecedentes
Existe una fuerza de reserva, donde se prepara a cientos de policías para la protección de personas cuando los altos mandos lo dispongan. En los documentos –de los que Contralínea Sinaloa tiene copia– se constata que uno de los policías tiene antecedentes penales por robo con violencia el 2 de junio de 1986.
En los documentos que el diputado presentó, los datos del elemento están borrados por protección a su seguridad. El policía era responsable de vigilar una casa en la colonia Lomas de San Isidro.
Protección a empresas
También los nombres de las empresas y datos de los particulares están tachados. Osorio Porras argumenta que “es para protegerlos, ya que las mismas empresas se prestaron para esto, unas solamente para ahorrarse un poco de dinero”.
Los certificados de caja –hechos por la secretaría– no tienen número de contrato ni folio, por lo que carecen de validez. El legislador dice que “esos certificados los puede hacer cualquiera”. Así es como les entregaban los documentos a las empresas, sin que éstas se quejaran.
Para no perjudicarlas, Osorio decidió borrar la información sobre los contratistas, aunque en algunos documentos se puede ver el nombre de las empresas, debido a un “error de dedo”.
